Hace más de 35 años surgen los primeros proyectos agropecuarios de producción orgánica en Uruguay. En 1985 comienzan a trabajar en Agroecología un conjunto de ONGs; Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Redes - Amigos de la Tierra, Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), Foro Juvenil, Caritas, Centro Emmanuel, Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en Uruguay (GRECMU), que luego se nuclearán en la Mesa de Agroecología. A partir de 1989 y paralelamente al proceso de las ONGs, un grupo de empresarios agrícola-ganaderos vinculados a la Asociación Rural del Uruguay, se interesa en la producción orgánica. Este grupo sería la base que luego fundaría en 1992 la Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos (SCPB) gremial de la ARU (Gazzano y Gómez, 2015).
En los 90 se crea la Mesa de Agroecología y se presenta una propuesta de normas para la agricultura ecológica acordadas por las ONGs de la Mesa de Agroecología. En 1993 comienza la comercialización de productos orgánicos en supermercados (el grupo Punto Verde), en 1994 comienza a funcionar la Feria de productos ecológicos del Parque Rodó. Esta feria se origina a iniciativa del grupo de productores de Colonia Valdense apoyados por Ceuta y Centro Emmanuel a la que se unieron productores del sur vinculados a los proyectos de la Mesa de Agroecología. En este grupo de productores de la feria se originan, a fines de los 90, las dos primeras asociaciones cooperativas de productores orgánicos: CAELCO de Colonia y CAELSUR con productores de Montevideo. De esta última surgen las primeras experiencias de reparto a domicilio de productos orgánicos. En 1997 se constituye la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) y comienza un programa de producción integrada y orgánica en convenio de la agencia de cooperación alemana GTZ y el Programa de Reconversión de la Granja (PREDEG) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. A partir de 1999 se inicia la exportación de productos orgánicos (Gómez Perazzoli 2003).
A principios de los años 2000 y como respuesta a una crisis económica y social que se reflejó en el aumento de la desocupación y de la pobreza en sectores populares, surgen experiencias de agricultura urbana, al principio en forma autogestionada y que luego reciben el apoyo de la Intendencia de Montevideo con un Programa de Agricultura Urbana y la Universidad de la República, con su Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria. Estas huertas se desarrollaron aplicando principios agroecológicos y continuarán su desarrollo hasta llegar a 2017 con la creación de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, guiada por los principios agroecológicos y haciendo hincapié fundamentalmente en la construcción de colectivos y en el trabajo comunitario y solidario. En 2004 surge la Red Nacional de Semillas Criollas y Nativas (RSC), con la participación de productores, Redes Amigos de la Tierra, APODU y Facultad de Agronomía de la Udelar. En 2005 se forma la Red de Agroecología del Uruguay (RAU), organizada en cinco regionales, con mayor presencia en el sur del país. Creando la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay (ACAEU), que es el sistema participativo de la RAU, nucleando a productores familiares, grupos de consumidores y técnicos. Por esta época, el gobierno del FA, en base a la demanda social, inicia un proceso de discusión participativa en torno a la producción ecológica. En 2008 el decreto 557/008 creó el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica (ecológicos o biológicos), estableciendo los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), siendo en los hechos, la ACEAU de la RAU la única entidad certificadora en Uruguay.
Desde 2010 en adelante, se inicia una nueva etapa de expansión y contradicciones. Gazzano y Gómez (2015) plantean que inicia una etapa de “cooptación y resistencia”, marcando la cooptación de elementos centrales de la agroecología por el discurso de otros actores internacionales y nacionales. Se manifiesta en planteos, políticas públicas y líneas de investigación centradas en la intensificación productiva bajo el mismo modelo de agricultura industrial dominante, pero agregándole los adjetivos de “agricultura sostenible”, “agricultura climáticamente inteligente”, etc. Proceso también denunciado a nivel mundial en 2015 por el Foro Internacional sobre Agroecología. La agroecología va tomando fuerza, y enfrentándose a los problemas de la “institucionalización”. Hasta ese momento, la discusión en torno a la agroecología estaba en un reducido número de productores, consumidores, académicos y organizaciones sociales. Recién en la década pasada el tema comienza a plantearse en la discusión político partidaria. Siendo el Frente Amplio (FA), el primer partido en incluir en su programa en 2014 la propuesta de implementar un Plan Nacional para la promoción de la Agroecología y la Agricultura Orgánica. Planteando que “el Plan será objeto de una intervención transversal, involucrando los ministerios vinculados a la producción agropecuaria, ambiente, ordenamiento territorial, salud pública, políticas sociales, educación, relaciones exteriores; gobiernos locales e instituciones de investigación y desarrollo. Contará con un ámbito de participación y control social, integrando representantes de los sectores sociales involucrados”. El resto de los programas de los partidos (2015-2020), PN, PC, PI, UP, PERI y el PT no mencionan la agroecología. La UP planteaba apoyos a la producción orgánica, relacionadas a criterios para entrega de tierra y asistencia financiera, disminuir la importación de herbicidas y transgénicos e impulsar la constitución de un Banco de semillas. El programa del PN planteaba “Medidas de incentivo a la Actividad Empresarial Amigable con el Ambiente”, considerando empresas que “certificación de calidad ambiental”. Es en base al planteo del movimiento agroecológico y compromisos del FA, es que se plantea en 2016 la Ley “Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas”, que se vota por unanimidad en 2018 (ley N°19.717), creando la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología (CHPNA). La misma genera una primera versión del PNA presentado al final del gobierno del FA en febrero de 2020.
Hasta 2020, los únicos actores que disponen de capacidad suficiente para plantearse una definición aceptable del problema, son las organizaciones vinculadas a la agroecología y el FA, por lo tanto, son quienes terminan influyendo de manera determinante sobre la decisión. Es decir como plantea Jaime y col. (2013, p. 94) “(…) la manera de definir el problema condiciona los objetivos que persigue y los instrumentos que utiliza la política pública” y “quien define es quien decide”. La “política” como concepto de múltiples significados, implica acción ideológica y medidas concretas, de instrumentalización de la política. Las líneas de acción político-ideológicas producto de estrategias políticas y discursivas (ya sea que estén plasmados programas de gobierno o en la agenda pública o de gobierno), generan hechos (tendencias). En este sentido analizando los programas de gobierno de los partidos (2020-2025), se vislumbra tímidamente planteos en torno a que las formas de producción convencionales generan problemas ambientales y la necesidad de alternativas de producción, donde la agroecología se vislumbra (valga la redundancia) como una de ellas, al igual que la producción orgánica. De los 11 partidos presentados a la elección de 2020, 9 realizan alguna mención a formas de producción alternativas, vinculada a los problemas ambientales. Ocho partidos mencionan la agroecología, en general incluyendo el término en forma confusa, sin una base conceptual. Solamente el FA elabora un abordaje en relación a la agroecología, con una concepción que trasciende a la de una alternativa de producción. Introduciendo el enfoque agroecológico para discutir los “desafíos del desarrollo” -aunque con claras contradicciones y discusiones internas- plasmando análisis relativos a lo productivo, social y ambiental y generando varias propuestas de política pública “apoyando decididamente y con compromisos concretos el desarrollo de la agroecología” (Ver ANEXO).
El cambio de gobierno en marzo de 2020, implicó un retroceso en varias políticas públicas, incluyendo las relacionadas a la agroecología y particularmente puso en pausa y revisión el PNA. El nuevo gobierno cambió el decreto 557/008 y modificó la normativa de certificación, golpeando al Sistema Participativo de Garantía (SPG). Se plantea por parte de la coalición de derecha, una serie de cambios para aprobar el PNA, generando la versión del mismo, que finalmente se aprueba en 2022, pero que el gobierno deja sin presupuesto para su ejecución.
En resumen, actualmente hay 2 grandes corrientes en torno a la temática en Uruguay. Una corriente más difusa, con planteos en torno a que las formas de producción convencionales generan problemas ambientales, donde la agroecología se visualiza como una alternativa de producción (equiparada a la producción orgánica, ecológica). Por otro lado la corriente agroecológica (tal como es planteada a nivel de los movimientos sociales y la academia -no exenta de contradicciones, por cierto-) y por otro lado, Podemos asociar las corrientes al tipo de relaciones consideradas y a la forma de encarar las estrategias:
INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE: Relaciones técnicas (productivista/desarrollo mercado/nivel predial/forma de producir)
como oportunidad de acceso a mercados diferenciados (capacidad de exportar y llegar a nichos de mercados orgánicos)
vinculada a lo ambiental (políticas verdes, intensificación sustentable, buscando captar fondos internacionales)
vinculada a la salud (producción de alimentos orgánicos, para quien pueda pagarlos)
ecológica (como forma de producción que contemple simultáneamente la salud humana y ambiental considerando los procesos ecológicos, y en ocasiones aspectos éticos asociado a corrientes ecocentristas)
AGROECOLOGÍA: Relaciones técnicas y sociales (agroecológica/desarrollo sustentable/nivel sistemas agroalimentario/modo de producción/corriente crítica)
agroecología como estrategia de resistencia a nivel de sistemas productivos familiares frente al proceso de diferenciación social del capitalismo, ya sea “individual/predial” (pasando por la desmercantilización parcial, tecnologías bajo insumo, aumento autoconsumo, diversificación, ingresos extraprediales…) o combinado con algunas estrategias grupales (organizaciones)
agroecología como propuesta alternativa, principalmente a partir de procesos organizativos y asociativos, en busca de una construcción territorial, implicando cambios en las relaciones técnicas y sociales, en ocasiones con vínculos a corrientes de base marxista.
Este análisis retoma planteos de García (2018) con respecto a las posiciones agroecológicas y coincide con el reporte HELP (2019) que identifica 2 categorías de enfoques innovadores destinados a fomentar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición: i) intensificación sostenible y enfoques conexos y ii) enfoques agroecológicos y afines. Por otro lado, menciona que algunos autores han propuesto distinguir una agroecología política o transformadora, que tiene en cuenta los factores políticos y sociales para abordar la seguridad alimentaria y la nutrición a escala más amplia, de una agroecología con orientación técnica en el campo (Méndez et al., 2013; Sanderson Bellamy y Loris, 2017, citados por HELP, 2019). Si bien, De Molina (2013) sostiene que no reconocer las repercusiones sociales y políticas de la agroecología, podría dar lugar a consecuencias sociales, ambientales y de seguridad alimentaria y nutrición negativas para grupos marginados que podrían verse perjudicados con un modelo agrícola tradicional.
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